El Gobierno libertario cede las rutas a privados, impone peajes y abandona a las provincias. El costo lo pagarán las economías regionales, los usuarios y la integridad territorial de la Argentina.
Argentina atraviesa un momento crítico. Este lunes, el gobierno de Javier Milei consumó una medida que pone en riesgo la conectividad, la seguridad vial y la integración territorial del país: la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. Lo anunció Manuel Adorni desde Casa Rosada, con la liviandad de quien desconoce -o decide ignorar- el impacto humano y estructural de semejante decisión.
Cabe señalar que semanas antes, el ingeniero civil e hidráulico Claudio Velazco había encendido las alarmas con un informe demoledor. Allí advertía que el presidente “topo”, como lo llama por su afán de destruir desde adentro, tenía en carpeta desmantelar un organismo clave para la planificación y el mantenimiento de las rutas nacionales. El texto cobra hoy una dolorosa actualidad.
Velazco señala que el 41% de las rutas pavimentadas ya estaban en mal estado a comienzos de 2024, y que desde diciembre pasado no se ha destinado ni un solo peso a obras de infraestructura vial. La consecuencia es un deterioro acelerado de los 39.937 kilómetros que componen la red nacional. Para frenar el colapso, se necesitarían al menos 14.000 millones de dólares. Pero el gobierno eligió otro camino: concesionar 9.154 kilómetros a manos privadas, vía Decreto 28/2025, y abandonar el resto.
Las rutas menos transitadas, advierte el informe, quedarán sin obras ni mantenimiento, porque no resultan rentables para los privados. Así, miles de kilómetros quedarán librados al olvido, aislando pueblos enteros, afectando la producción regional, el abastecimiento y el acceso a servicios básicos. Lo que se pierde no es sólo asfalto: se pierde soberanía territorial, cohesión social, y la posibilidad misma de imaginar un país conectado.
La tragedia no termina ahí. Con la eliminación de Vialidad, el Estado renuncia también a la planificación estratégica de obras, a los controles técnicos y a la garantía de seguridad vial. Velazco califica de “irresponsable” la posible transferencia de trazas a las provincias, muchas de las cuales ni siquiera pueden sostener sus propias redes: hay 640.000 km de rutas provinciales, muchas en estado calamitoso.
Y mientras tanto, los peajes se multiplicarán, encareciendo el transporte, los alimentos y la vida diaria. Viajar será un privilegio. Circular libremente, un lujo reservado a quienes puedan pagarlo. Se vulnera así un derecho constitucional, se profundiza la desigualdad territorial y se sella, con burocrática frialdad, el destino trágico de una Argentina que, paso a paso, se va quedando sin caminos.