Mientras la Argentina enfrenta un litigio millonario con el fondo buitre Burford Capital en la justicia de EE.UU., el gobierno de Javier Milei decide desarmar la Procuración del Tesoro, el organismo encargado de defender al Estado en tribunales. La medida incluye 60 despidos, el cierre de áreas técnicas clave y la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
El nuevo procurador, Santiago Castro Videla, fue socio del abogado Alberto Bianchi, quien declaró como testigo a favor del fondo buitre. Aunque Castro Videla dice no estar directamente involucrado en la causa, su cercanía con Bianchi plantea un claro conflicto de intereses. Para quienes conocen los pasillos del organismo, esto no es otra cosa que el estudio Bianchi desmantelando desde adentro la defensa del Estado argentino.
La excusa oficial para los despidos fue la existencia de supuestas filtraciones de información confidencial a Burford, aunque no se presentó ninguna prueba ni se identificó a responsables. Todo indica que se trata de una maniobra para justificar el vaciamiento y debilitar la capacidad del Estado para defenderse en juicios clave.
El recorte –que se publicará en el Boletín Oficial– reducirá direcciones nacionales, cerrará áreas técnicas y eliminará la ECAE, espacio fundamental para la formación de abogadxs del Estado. Achicar el Estado no es eficiencia, es desprotección deliberada.
En paralelo, Argentina apeló la orden judicial de entregar el 51% de las acciones de YPF. Aunque la justicia de EE.UU. otorgó una suspensión temporal, el gobierno nacional debilita desde adentro su propia defensa, con funcionarios que no parecen responder a los intereses del país sino a los del capital financiero internacional.