El gobierno de Javier Milei oficializó, vía DNU, el inicio de la privatización de AySA, la empresa estatal que brinda el servicio de agua potable y cloacas en el AMBA. Pero eso no fue todo: el nuevo marco regulatorio habilita a la concesionaria a cortar el suministro a hogares con deudas, una medida regresiva en un contexto de inflación, pérdida de ingresos y aumentos tarifarios descontrolados.
Hasta ahora, estaba prohibido interrumpir el servicio por falta de pago en usuarios residenciales. Solo se podía reducir el caudal. Con la nueva normativa, bastarán 60 días de mora para que se proceda al corte total del agua. En el caso de empresas, el plazo se reduce a solo 15 días. El decreto apenas excluye hospitales, sanatorios y cárceles, mientras repite la fórmula vacía de “proteger la salud pública”.
Todo esto se da mientras las tarifas ya aumentaron un 331% en lo que va de 2024, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios (UBA-CONICET), y se espera que la privatización habilite ajustes automáticos cada tres meses y aumentos extraordinarios a pedido de la empresa.
En otras palabras: si no podés pagar, te cortan el agua.
Si la inflación sube, las tarifas suben.
Y si tenés sed, no es problema del mercado.
Privatización y entrega
El DNU 493/2025 no solo autoriza al Estado a vender total o parcialmente su participación accionaria en AySA, sino que redefine el rol de la concesionaria, que podrá usar los fondos de facturación como garantía para endeudarse, revisar técnicamente todas las obras del área y controlar el financiamiento y ejecución de nuevos proyectos.
Además, establece un “plan de transición” de hasta cinco años para que la privatización se aplique progresivamente, pero cuidando siempre el “equilibrio económico-financiero del contrato”, es decir, garantizando la rentabilidad empresaria antes que el derecho al acceso al agua.
El nuevo marco legal prioriza el negocio, no el derecho. La lógica de mercado avanza sobre un servicio esencial, mientras millones de personas ven deteriorado su poder adquisitivo. El agua ya no es un derecho: es una mercancía más.