Los países no caen en abismos financieros por generación espontánea. A veces son empujados con método, convicción y discurso académico. El caso argentino entre 2016 y 2018 constituye una anomalía particularmente fértil para la economía política: los arquitectos del colapso proclamaron estar aplicando “las mejores prácticas internacionales” mientras activaban, con precisión quirúrgica, un mecanismo de autodestrucción.
Luis Caputo y Federico Sturzenegger integran esa especie singular de tecnócratas que confunden la lógica de un hedge fund con la estabilidad de una nación. Su mayor habilidad no fue evitar una crisis, sino lograr que un desastre previsible fuera presentado como un accidente exógeno, una tormenta inesperada en un cielo supuestamente despejado.
La crisis de 2018 no fue un shock externo ni un error de cálculo. Fue un artefacto político-financiero deliberadamente construido. Un déficit de cuenta corriente récord (4,8% del PBI), el mayor endeudamiento voluntario de un país emergente desde los años setenta y tasas de interés reales astronómicas no fueron disfunciones del sistema: fueron sus engranajes. El objetivo era claro: transformar al Banco Central en un garante de rentabilidades extraordinarias para capitales de corto plazo mediante el carry trade. No un árbitro macroeconómico, sino un hedge fund estatal.
La pregunta relevante no es por qué ocurrió la crisis, sino cómo fue posible que semejante ingeniería del derrumbe fuera aceptada como “expertise”. Analizada desde la antropología financiera y la teoría de la performatividad económica, la narrativa de la “normalización” se revela como lo que fue: un dispositivo ideológico que legitimó la transferencia de renta hacia actores financieros privilegiados.
La Política Económica Internacional muestra que las economías periféricas suelen funcionar como laboratorios de ideas que serían políticamente inviables en los países centrales. En Argentina, la “normalización” implicó apertura financiera irrestricta, desregulación total de capitales y endeudamiento acelerado. La teoría no describió la realidad: la produjo. Conceptos como “tasas reales positivas” o “credibilidad” operaron como artefactos performativos que justificaron la entrada masiva de capitales especulativos y la construcción de un mercado cambiario estructuralmente inestable.
La neutralidad de los flujos financieros internacionales —supuesto central del discurso tecnocrático— resultó ser una ficción funcional. No falló la teoría: cumplió perfectamente su rol político, legitimando la extracción de renta y la socialización de pérdidas.
La complementariedad entre Caputo y Sturzenegger fue decisiva. Caputo, con su trayectoria en JP Morgan y Deutsche Bank, encarnó la lógica del operador financiero que concibe al Estado como un vehículo más para el capital de riesgo. Emitir deuda rápida y masivamente, externalizar riesgos y aprovechar la ventana de liquidez global fue su manual de acción. El revolving door no fue una anomalía, sino el canal estructural de alineamiento con los intereses financieros globales.
Sturzenegger, formado en el MIT, representó el monetarismo doctrinario elevado a dogma. Su fe en la tasa de interés como ancla antiinflacionaria lo llevó a sostener rendimientos reales cercanos al 25% en dólares. Lejos de estabilizar, esa política institucionalizó la bicicleta financiera. Caputo producía los instrumentos; Sturzenegger garantizaba la rentabilidad; el tipo de cambio “calmo” permitía la salida sin pérdidas. El carry trade no fue un desvío del sistema: fue el sistema.
La vulnerabilidad se construyó sobre dos pilares. Primero, las LEBACs, que funcionaron como un hígado graso de la política monetaria: absorción de liquidez a tasas exorbitantes y acumulación de pasivos remunerados insostenibles. Segundo, un endeudamiento externo que no financió inversión productiva, sino fuga de capitales (más de 60 mil millones de dólares entre 2016 y 2018) y la continuidad del arbitraje financiero. El Estado se convirtió en garante de un mecanismo de extracción sistemática de renta.
El desenlace fue inevitable: pérdida acelerada de reservas, corrida cambiaria, intervención del FMI y la salida forzada de Caputo. Las cargas explosivas habían sido colocadas por quienes decían estar construyendo estabilidad.
Pero la crisis de 2018 no fue un punto final: fue la matriz de la fragilidad actual. La arquitectura de deuda heredada condicionó toda la década siguiente y reinstaló la dependencia crónica del FMI. En 2023-2025, el retorno de los mismos actores consuma una paradoja inquietante: quienes diseñaron la bomba regresan como salvadores. La literatura denomina a este fenómeno “legitimidad circular”: el fracaso del experto se convierte en argumento para necesitar más de su expertise.
Así se recicla el relato. Se reescribe la historia. Se naturaliza un régimen financiero que premia la fuga, castiga la producción y subordina la política económica al dólar y al Fondo Monetario. Argentina no salió de la crisis producida por Caputo-Sturzenegger: sigue hundiéndose en su legado.
El experimento no fue un error técnico, sino un proyecto político. La financiarización periférica no apunta al desarrollo, sino a la subordinación estructural. La “normalidad” prometida fue, en verdad, la anomalía histórica de un país atrapado en una máquina de transferencia de riqueza y riesgo.
La evidencia es contundente: la crisis fue lógica, previsible y diseñada. La macroeconomía no puede quedar en manos de operadores financieros sin memoria histórica, sin teoría del desarrollo y sin conciencia de los límites estructurales. La explosión visible ocurrió en 2018. La tragedia persistente es su continuidad en el presente. Argentina no saldrá de este laberinto hasta desmantelar, de raíz, la tecnocracia del abismo que todavía gobierna, ajusta y reescribe la historia a su favor.