En medio del fracaso del plan económico libertario, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a mostrar la desesperación del Gobierno de Javier Milei por conseguir divisas a cualquier precio. Esta vez, el oficialismo avanzó con una maniobra que roza la ilegalidad: presionar públicamente a los bancos para que acepten dólares no declarados, relativizando controles básicos y promoviendo una suerte de blanqueo encubierto.
Caputo cargó contra las entidades financieras por exigir documentación sobre el origen de los fondos y las acusó de “romper las pelotas”, dejando en claro que, para el Gobierno, las normas contra el lavado y la evasión son un obstáculo más en su carrera por sostener un modelo que hace agua. La solución que ofreció fue directa: acudir al Banco Nación, convertido una vez más en instrumento de emergencia para tapar los agujeros del ajuste.
El ministro promocionó un esquema basado en la llamada ley de “Inocencia Fiscal”, una norma aún no reglamentada, pero que el Ejecutivo ya utiliza como excusa para flexibilizar controles y tentar a quienes tienen dólares en negro. Bajo esta lógica, el Estado deja de fiscalizar para mendigar billetes, mientras ajusta jubilaciones, salarios y gasto social.
Según explicó el propio Caputo, quienes depositen dólares no declarados en el Banco Nación podrán disponer de ellos “inmediatamente”, ya sea para consumo o para colocarlos a interés, sin atravesar los requisitos que todavía exigen los bancos privados. La operatoria busca esquivar los controles mínimos de trazabilidad que rigen en el sistema financiero y expone el doble estándar del discurso oficial: mano dura para los sectores populares y manga ancha para los evasores.
El único requisito, según el titular del Palacio de Hacienda, será adherir a un régimen de “ganancia simplificada”, una fórmula ambigua que confirma el rumbo del Gobierno: desarmar el Estado de control mientras se profundiza un modelo económico dependiente de capitales fugados y ahorros no declarados.
La escena resume el momento político: un gobierno que prometió orden y transparencia, pero que ahora implora dólares, degrada las reglas y convierte al Banco Nación en ventanilla de salvataje para sostener un experimento económico cada vez más frágil.