El 2026 asoma como un año crítico para el sistema universitario argentino. Lejos de revertir el deterioro provocado por el ajuste, el gobierno de Javier Milei decidió profundizarlo: incumplirá la Ley de Financiamiento Universitario y consolidará un recorte presupuestario que pone en riesgo el inicio mismo del ciclo lectivo y la autonomía de las casas de estudio.
Si la situación ya era frágil durante 2025, el escenario que se abre tras la sanción del Presupuesto confirma un rumbo todavía más regresivo. Las partidas asignadas resultan insuficientes incluso para garantizar el funcionamiento básico de las universidades nacionales, que enfrentan una combinación explosiva de salarios licuados, gastos operativos desfinanciados y programas académicos paralizados.
El Ejecutivo no solo recorta recursos: desconoce una ley vigente y avanza sobre uno de los pilares históricos del desarrollo científico, tecnológico y social del país. En nombre del ajuste permanente, Milei convierte a la universidad pública en una variable de sacrificio, subordinando el derecho a la educación superior a una lógica fiscalista que no admite excepciones.
La falta de fondos amenaza directamente la autonomía universitaria. Sin presupuesto adecuado, las instituciones pierden capacidad de decisión, planificación y autogobierno, quedando cada vez más expuestas al disciplinamiento político y a la dependencia de recursos externos. El mensaje del Gobierno es claro: o se alinean al modelo libertario o quedan a la intemperie.
Mientras tanto, el relato oficial insiste en deslegitimar a la universidad pública, presentándola como un gasto innecesario o un privilegio corporativo. Esa narrativa acompaña la motosierra presupuestaria y prepara el terreno para un conflicto mayor, en un país donde la universidad fue históricamente una herramienta de movilidad social y construcción de ciudadanía.
Frente a este panorama, el 2026 se perfila como un año de tensión creciente. A la asfixia financiera se suma la reacción de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes, que ya anticipan un escenario de resistencia en la calle. No se trata solo de salarios o partidas: está en juego el modelo de país y el lugar que ocupa el conocimiento en él.
El ajuste sobre las universidades no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de desmantelamiento del Estado y de ataque a las instituciones que producen pensamiento crítico. La motosierra de Milei no distingue áreas: avanza sobre derechos, sobre el futuro y sobre una de las pocas políticas públicas que supieron sostenerse como orgullo nacional.
Así, entre el recorte y la protesta, el 2026 se anuncia como un punto de inflexión. O el Gobierno retrocede en su ofensiva contra la educación pública, o el conflicto universitario se convertirá en uno de los principales frentes de resistencia frente a un proyecto que concibe el ajuste no como un medio, sino como un fin en sí mismo.