Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad, el sacrificio y la motosierra sin excepciones, el arranque de 2026 trajo una noticia alentadora para un sector muy específico de la sociedad: ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional. Este viernes 2 de enero, el Boletín Oficial publicó el decreto que les garantiza aumentos salariales alineados con las paritarias de la Administración Pública.
La medida fue formalizada a través del Decreto 931/2025 y establece que, desde enero de este año, los altos funcionarios percibirán el porcentaje acumulado de incremento otorgado al personal estatal entre enero de 2024 y julio de 2025. Es decir, el ajuste existe, pero no para todos.
El texto oficial aclara que, de ahora en más, cada aumento que se acuerde en las paritarias generales se trasladará automáticamente a estos cargos jerárquicos, siempre y cuando se mantenga el tan invocado superávit fiscal. Una especie de cláusula gatillo… pero para los sueldos más altos del Estado.
En caso de que las cuentas públicas entren en déficit, el decreto establece que las remuneraciones quedarán congeladas de forma automática, sin necesidad de nuevos actos administrativos, hasta que se restablezca el equilibrio fiscal. Una advertencia preventiva que, por ahora, no impide celebrar el incremento.
La norma alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y funcionarios con rango equivalente, aunque deja expresamente afuera al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes quedan excluidos de la mejora salarial. Un gesto simbólico que no altera demasiado el espíritu general de la decisión.
En los considerandos, el Gobierno fundamenta los aumentos en el congelamiento salarial vigente desde diciembre de 2023 y en los “logros” de la gestión: 22 meses de superávit fiscal, desaceleración inflacionaria y reducción del índice de pobreza. Según el texto, estos resultados demostrarían que las políticas adoptadas son “conducentes a la obtención de resultados positivos”.
Resultados que, al menos en materia salarial, parecen llegar primero a los despachos oficiales antes que al resto de la sociedad.