Estados Unidos volvió a cruzar un límite que ya no intenta disimular. El secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, su traslado forzado a Nueva York y la puesta en escena del perp walk no forman parte de un proceso judicial ordinario: son un acto de disciplinamiento político global, ejecutado bajo la lógica del escarmiento público.
El mensaje no está dirigido a un acusado, sino a los pueblos que se atrevan a discutir la hegemonía estadounidense.
Las imágenes de Maduro esposado, caminando por los pasillos de la DEA, no buscan justicia ni verdad: buscan humillación. Es la justicia convertida en espectáculo, el derecho degradado a propaganda y el proceso penal reducido a herramienta geopolítica. Antes del juicio, ya está dictada la condena en el plano simbólico: el “infierno en la tierra” como promesa ejemplificadora.
Los cargos —“narcoterrorismo” y tráfico de cocaína— encajan a la perfección en el relato bélico que Donald Trump viene construyendo para justificar ataques militares, bloqueos y operaciones ilegales en América Latina. No es casual: las imputaciones se alinean con la narrativa de guerra, no con la evidencia.
De hecho, los propios informes de inteligencia estadounidense contradicen la acusación central. En abril, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional concluyó que no existían pruebas de una cooperación orgánica entre el gobierno venezolano y el Tren de Aragua, grupo que Washington ahora presenta como argumento legitimador del secuestro. Incluso señalaban que el chavismo veía a esa organización como una amenaza. Pero en el nuevo orden imperial, los informes importan menos que la conveniencia política.
La selección del delito también delata la operación. Trump declaró que el fentanilo es la principal amenaza para Estados Unidos, pero Maduro es imputado por cocaína. ¿Por qué? Porque el fentanilo apunta directamente a México y a China, aliados incómodos pero necesarios; Venezuela, en cambio, es el enemigo útil, el blanco disponible. La “guerra contra las drogas” vuelve a mostrar su verdadero rostro: no combate sustancias, combate gobiernos.
Los números desarman el relato. Venezuela representa apenas entre el 10% y el 13% del tráfico global de cocaína, según datos del propio Departamento de Estado. Países aliados de Washington mueven mucho más volumen sin sufrir secuestros presidenciales ni juicios ejemplares. La diferencia no es criminal: es política.
La causa está en manos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la misma que condenó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, luego indultado por Trump cuando dejó de serle funcional. El paralelismo es brutal: el mismo sistema judicial que hoy encierra a Maduro fue usado ayer para disciplinar y hoy para absolver, según la conveniencia del poder.
Trump ni siquiera se esfuerza en ocultar la contradicción. Indulta a Hernández y secuestra a Maduro sin más argumento que su propia voluntad. “Hago lo que quiero porque puedo” es el verdadero principio jurídico que rige esta etapa del imperialismo tardío.
El posible juicio —que podría demorar más de un año— se desarrollará con los acusados detenidos en una prisión denunciada internacionalmente por condiciones inhumanas. La detención preventiva se convierte así en castigo anticipado, una forma moderna de tortura legalizada.
No estamos ante un proceso judicial: estamos ante un acto de guerra por otros medios. El lawfare ya no necesita disimulo institucional ni consenso internacional. Le alcanza con la fuerza, el control mediático y la naturalización de la violencia imperial.
Cuando el imperio ya no puede gobernar con reglas, gobierna con miedo. Y cuando la justicia se vuelve arma, la democracia se convierte en rehén.