Casi seis años después del inicio de la causa, la Justicia Federal avanzó finalmente contra los responsables del megafraude de Vicentín, una de las mayores estafas al Estado argentino, ejecutada durante el gobierno de Mauricio Macri con la complicidad directa de la conducción del Banco Nación.
El juez Julián Ercolini dispuso el embargo y la inhibición de bienes del ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, del ex vicepresidente Lucas Llach y de otros 16 exdirectivos de la entidad, acusados de haber facilitado el otorgamiento irregular de créditos millonarios a la empresa cerealera aun cuando su situación financiera era crítica y ampliamente conocida.
La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, sostiene que el Banco Nación fue la principal herramienta a través de la cual el macrismo direccionó más de 300 millones de dólares a Vicentín, una firma que ya se encontraba en virtual cesación de pagos. Lejos de tratarse de un error administrativo, la causa describe una maniobra sistemática de vaciamiento, en la que los funcionarios habilitaron préstamos que sabían de antemano que no serían devueltos.
El embargo fue dictado para garantizar una eventual multa y para intentar reparar el daño causado al erario público, aunque el perjuicio económico y político ya resulta irreversible. El propio fallo judicial deja asentado que los exfuncionarios y empresarios involucrados participaron del cobro de montos cuyo destino continúa siendo “incierto”, una formulación que resume el nivel de impunidad con el que se manejaron.
Según el expediente, González Fraga, Llach y el resto de los imputados autorizaron una espiral de créditos y liberación de fondos incluso cuando el Banco Nación ya carecía de facultades para cobrarlos. En lugar de ejecutar garantías o frenar la asistencia financiera, se permitió que Vicentín siguiera retirando dinero, profundizando el agujero patrimonial.
Uno de los episodios más graves ocurrió en el segundo semestre de 2019, cuando la empresa acumulaba deudas vencidas y exigibles. Aun así, el Banco Nación autorizó 125 operaciones que liberaron más de 43 mil millones de pesos, y luego otorgó 28 nuevos préstamos por 105,5 millones de dólares, mientras la deuda total del grupo ya superaba los 149 millones de dólares vencidos.
Para la fiscalía, parte de esos fondos fueron desviados a cuentas personales de los directivos de Vicentín, confirmando que no se trató de una política de fomento productivo sino de una transferencia obscena de recursos públicos hacia intereses privados concentrados.
El avance judicial desnuda lo que durante años se intentó ocultar: el caso Vicentín no fue una excepción, sino un modelo de gestión, donde el Estado fue utilizado como caja para beneficiar a grandes grupos económicos amigos del poder, mientras se socializaban las pérdidas y se garantizaba la impunidad.