Mientras los incendios forestales continúan arrasando amplias zonas de la Patagonia, la respuesta del Gobierno nacional se concentra en el endurecimiento de penas, la búsqueda de culpables y la criminalización selectiva, sin asumir la responsabilidad política que implica el desmantelamiento de las políticas de prevención. Lejos del territorio afectado, el Ejecutivo insiste en una narrativa punitivista que omite un dato central: el ajuste sobre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Desde la asunción del actual gobierno, el organismo sufrió un recorte presupuestario sin precedentes. En términos reales, la ejecución de 2024 fue más de un 80 por ciento menor que la de 2023, mientras que en 2025 la caída superó el 70 por ciento. Las proyecciones del Presupuesto 2026 consolidan esa tendencia. Menos brigadistas, menos equipamiento y menos capacidad de respuesta en un contexto de crisis climática creciente.
A pesar de este escenario, la agenda oficial apunta a avanzar sobre la Ley de Manejo del Fuego, una norma clave que impide el cambio de uso del suelo tras un incendio y que funciona como barrera frente a la especulación inmobiliaria y productiva. La posible modificación de esa ley, sumada al intento de reformar la Ley de Glaciares, refuerza una lógica de retiro del Estado en favor de intereses concentrados sobre territorios estratégicos.
En paralelo, funcionarios nacionales insisten en endurecer el Código Penal y en señalar responsabilidades individuales u organizadas, incluso cuando las investigaciones judiciales no han encontrado pruebas concluyentes sobre incendios provocados por grupos organizados. El discurso de “mano dura” convive con la subejecución presupuestaria y con una gestión de la emergencia centralizada desde Buenos Aires, sin presencia sostenida en las zonas afectadas.
Del otro lado, los proyectos impulsados por la oposición para declarar la emergencia ambiental, ígnea y socioeconómica enfrentan un límite temporal: no podrán tratarse hasta marzo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones. Durante febrero, el Congreso quedará atado al temario del Poder Ejecutivo, que prioriza la reforma laboral y los cambios penales por sobre la crisis ambiental.
En el territorio, los brigadistas trabajan jornadas extenuantes con salarios que apenas superan la línea de pobreza, mientras comunidades enteras pierden viviendas, bosques y medios de vida. El fuego no solo expone una tragedia ambiental: deja al descubierto un modelo de gestión que reemplaza la prevención por castigo, la política pública por el ajuste y la presencia del Estado por la especulación.