La abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el armado del proyecto de reforma laboral, defendió públicamente la iniciativa del Gobierno y reconoció que el texto plantea restricciones al derecho a huelga. En ese marco, aseguró que el oficialismo mantiene negociaciones abiertas con la CGT, sectores empresariales y bloques opositores para avanzar con la iniciativa en el Congreso.
Las declaraciones de Tajes se produjeron luego de que el proyecto obtuviera dictamen en comisión, pero su tratamiento en el recinto fuera postergado hasta febrero. Desde distintos sectores se interpretó esa demora como una señal de que el Gobierno no contaba con los votos necesarios para su aprobación, algo que la asesora negó de forma tajante.
“Es falso decir que no teníamos mayoría. La ley de modernización laboral tiene dictamen aprobado desde diciembre. La postergación se dio para abrir una instancia de diálogo y permitir que participen todas las fuerzas políticas, las cámaras empresariales y los representantes de los trabajadores”, afirmó.
El planteo contrasta con la estrategia que hasta ahora desplegó el gobierno de Javier Milei, caracterizada por el uso de decretos y vetos y por una relación conflictiva con el movimiento sindical. Aun así, Tajes insistió en que “toda la agenda está abierta al diálogo” y cuestionó a la CGT por no haber presentado, según dijo, “ninguna propuesta concreta de modernización”.
Durante su exposición, la abogada evitó hablar de “reforma” y prefirió definir el proyecto como una “modernización laboral”, argumentando que el actual marco normativo “ya no responde a las dinámicas del mercado de trabajo” y que más de la mitad de los trabajadores se encuentran en la informalidad.
En ese sentido, sostuvo que las nuevas generaciones “valoran otras condiciones laborales” y que es necesario “fijar reglas claras” para reducir la litigiosidad y facilitar la registración del empleo. Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos fue su definición sobre el derecho a huelga.
“El derecho a huelga existe, pero se lo está limitando”, reconoció Tajes, dejando explícito que el proyecto avanza sobre uno de los derechos centrales de los trabajadores. Como contrapartida, explicó que la iniciativa contempla beneficios impositivos para los empleadores, con reducciones de hasta el 50 por ciento en las cargas patronales durante cuatro años para la incorporación de nuevo personal.
Para la asesora, el esquema busca incentivar la formalización del empleo, aunque las críticas sindicales advierten que el costo de esa “modernización” recaerá sobre los derechos laborales conquistados.