El Gobierno consiguió en Diputados la media sanción del proyecto de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa anunciada a mitad de año por el equipo económico y que ahora avanza al Senado. El objetivo declarado es “simplificar” el sistema tributario; el efecto concreto es permitir que las personas gasten dinero no declarado sin tener que explicar demasiado de dónde salió.
La ley modifica de manera sustancial el régimen penal tributario, relaja controles financieros y reduce la capacidad del Estado para investigar evasión. Todo bajo una consigna sencilla: menos preguntas, más confianza.
Uno de los cambios centrales es el aumento exponencial de los montos a partir de los cuales la evasión fiscal pasa a ser delito. La evasión simple deja de penalizarse desde los actuales 1,5 millones de pesos y pasa a hacerlo recién desde los 100 millones. En el caso de la evasión agravada, el piso se eleva de 15 a 1.000 millones de pesos. Para quienes acceden a beneficios fiscales sin cumplir requisitos, el umbral sube de 2 a 200 millones.
También se encarece el delito de falsificación de facturas: solo será punible a partir de los 100 millones de pesos, cuando hasta ahora alcanzaba con 1,5 millones. En el caso de los agentes de retención, el mínimo para recibir sanciones pasa de 100 mil a 10 millones de pesos. Evasión hay, delito también, pero recién a gran escala.
El proyecto además introduce una vía rápida para extinguir la acción penal: si el evasor acepta la deuda, paga lo adeudado, los intereses y un adicional del 50%, todo dentro de los 30 días posteriores a la imputación, la causa se termina. La justicia penal tributaria, versión pago contado.
A esto se suma la reducción del plazo de prescripción: ARCA tendrá solo tres años —y no cinco— para reclamar impuestos no declarados, aplicar multas o iniciar denuncias. El reloj corre a favor del contribuyente distraído.
Otro eje del proyecto es la declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias, destinada a personas con ingresos y patrimonio inferiores a los 1.000 millones de pesos. El nuevo esquema exige declarar ingresos y deducciones, pero elimina la obligación de informar consumos personales.
En términos prácticos, una persona podrá comprar un auto, una propiedad o realizar gastos relevantes con dinero no declarado sin que el sistema investigue su origen. ARCA calculará automáticamente el impuesto a pagar y, una vez abonado, el contribuyente quedará liberado de futuros reclamos, salvo que se pruebe una omisión explícita.
Las autoridades celebraron el sistema como un avance tecnológico. “El sistema le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar”, explicó el titular del organismo recaudador. La pregunta por el origen del dinero quedó fuera del formulario.
El proyecto también actualiza las multas por incumplimientos formales, que hasta ahora eran simbólicas: de 200 a 220 mil pesos para personas físicas y de 400 a 440 mil para sociedades. En casos graves, las sanciones pueden llegar a los 10 millones. Castigos más caros, pero menos probables.
Finalmente, la ley relaja de manera significativa los controles sobre operaciones financieras. Se derogan regímenes de información que obligaban a bancos, tarjetas, inmobiliarias y concesionarias a reportar consumos y operaciones, y se elevan los montos mínimos a partir de los cuales deben informar movimientos de sus clientes.
Con media sanción en Diputados, la “Inocencia Fiscal” avanza ahora al Senado. Una ley que redefine el vínculo entre el Estado y el dinero: no importa de dónde viene, mientras no se pregunte demasiado.