El Gobierno logró lo que vino a buscar, pero no todo. En una sesión maratónica que empezó a media tarde y terminó de madrugada, Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026, un texto que profundiza el ajuste, protege a los sectores más concentrados y traslada los costos a los de siempre. Sin embargo, al oficialismo se le aguó el festejo: la oposición le volteó el capítulo más sensible.
Se trata del capítulo 11, donde el Gobierno había concentrado la derogación del Financiamiento Universitario y de la Emergencia en Discapacidad. Dos leyes incómodas para la lógica libertaria, que ya habían sido sancionadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo y luego ratificadas con mayoría agravada. El intento de borrarlas vía presupuesto terminó en un nuevo fracaso.
Pese a las negociaciones de último momento, el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y las promesas cruzadas a gobernadores aliados, Lule Menem y Diego Santilli no lograron blindar el artículo. El resultado fue elocuente: 117 votos afirmativos contra 123 rechazos y dos abstenciones. Tercera derrota en menos de seis meses sobre los mismos temas.
El oficialismo llegó envalentonado por el resultado electoral de octubre y apostó a acelerar la motosierra. Pero algunos aliados comenzaron a despegarse cuando el costo político quedó demasiado a la vista. La catamarqueña Fernanda Ávila votó en contra, al igual que los tres diputados tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal. El ajuste tiene límites, al menos cuando se vuelve demasiado explícito.
En un último intento por evitar el naufragio, el Gobierno sumó al paquete una adecuación de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21 mil millones de pesos para el Poder Judicial. Una maniobra que fue leída en la oposición como presión directa. “Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas”, lanzó Germán Martínez en pleno recinto.
También quedaron fuera otros recortes sensibles: la eliminación de la actualización automática de la AUH y las asignaciones familiares, y la restricción del régimen de zonas frías. Todo lo que no logró pasar por ley específica, tampoco logró colarse por la Ley de Leyes.