Falsas promesas y una ley que sigue sin aplicarse
El Gobierno nacional dio una respuesta imprecisa y dilatoria al fallo judicial que lo obliga a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia en el marco de un amparo colectivo tramitado ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Charvay. La falta de definiciones concretas mantiene en estado de alerta a las familias de personas con discapacidad y a las organizaciones que reclaman por derechos básicos que continúan siendo postergados.
Si bien el Poder Ejecutivo contestó formalmente los requerimientos judiciales, no brindó información precisa sobre cómo ni cuándo piensa implementar la ley. Tampoco detalló los montos destinados a compensar los meses de atraso y abandono que atraviesa el sector. La respuesta oficial se limitó a generalidades administrativas, sin cronogramas, resoluciones ni instrumentos normativos que garanticen la ejecución efectiva de la norma.
Uno de los puntos centrales de la Ley de Emergencia en Discapacidad refiere a las pensiones no contributivas. Sin embargo, en su respuesta, el Gobierno se limita a describir el impacto presupuestario y a estimar un universo potencial de beneficiarios, sin especificar mecanismos de implementación ni plazos concretos para el año en curso. Una situación similar se da con el Programa Federal Incluir Salud, que garantiza prestaciones médicas esenciales y que continúa sin precisiones operativas.
En cuanto a la compensación económica prevista por la ley —destinada a cubrir la diferencia entre los aumentos otorgados a las prestaciones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y la inflación medida por el IPC— el Ejecutivo propone un cálculo del 10,5%, cifra que no coincide con la estimación realizada por los prestadores. Además, no acompaña esta propuesta con ninguna normativa que ordene su aplicación ni con un cronograma de pagos.
Ana Dones, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), expresó su preocupación en diálogo con Página/12:
“El Gobierno hará lo imposible con la demanda judicial, lo tenemos clarísimo. Creemos que no cumplirán el fallo, buscarán excusas. El Gobierno apela, sigue todo como si nada, y la historia es siempre igual”.
Dones también se refirió al cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS):
“Sabemos que a los empleados de Andis les dijeron que ‘se queden tranquilos’, que nada cambiaba, pero que por todo lo que había pasado se terminaba el organismo en nombre de la transparencia. Es decir, siguen los mismos con otro nombre. Impresentables”.
Lejos de retroceder, las organizaciones refuerzan la movilización. “Nosotros seguimos en la lucha, no nos vamos a cansar”, afirmó Dones. En ese marco, este lunes a las 20 se realizará la Asamblea Federal de Discas en Lucha, un encuentro virtual que reunirá a organizaciones y familiares de todo el país para definir un plan de acción a corto plazo. En paralelo, el Foro por la Defensa de la Salud Pública convocó a una reunión para el martes, donde se unificarán reclamos de distintos espacios que exigen respuestas urgentes del Estado.
Desde el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS), Alex Goldman advirtió:
“El escenario es muy complejo. El juzgado federal de Campana ordenó el cumplimiento inmediato de la ley y los plazos ya están vencidos. La estrategia del Ejecutivo es aparentar actividad administrativa cuando en realidad lo que hace es diferir la ejecución de una sentencia definitiva”.
Goldman destacó además el rol del Poder Judicial:
“Creemos que el juzgado está haciendo una tarea impecable, pero vemos con mucha preocupación cómo el Ejecutivo nacional utiliza estrategias dilatorias para atrasar la aplicación de la ley”.
Actualmente, la pensión por discapacidad equivale al 70% de una jubilación mínima, es decir, $349.299,32. Sin embargo, según datos relevados por las propias organizaciones, a los gastos cotidianos se suman costos específicos —acompañantes terapéuticos, tratamientos, traslados y medicación— que pueden alcanzar los 800 mil pesos mensuales, una cifra imposible de afrontar para la mayoría de las familias sin asistencia estatal efectiva.