Mientras el Gobierno nacional avanza en nuevas negociaciones para tomar deuda con el objetivo de pagar deuda previa y los incendios devastan amplias zonas de Chubut, la Casa Rosada puso en marcha un operativo político para garantizar la aprobación de una reforma laboral regresiva, que buscará sancionar en febrero con el respaldo de gobernadores y legisladores provinciales.
Aunque desde el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios, el problema no es solo aritmético: la administración nacional necesita volumen político para avanzar con una iniciativa que recorta derechos laborales, reduce impuestos a los sectores empresarios y amenaza con desfinanciar a las provincias a través de la caída de la recaudación y de los recursos coparticipables.
En ese marco, el ministro Diego Santilli inició un nuevo “tour” por las provincias para negociar apoyos a cambio de recursos, replicando el esquema de presión y concesiones que ya se utilizó para aprobar la Ley Bases. El método es conocido: los gobernadores plantean urgencias financieras, el ministro toma nota y el Palacio de Hacienda define cuánto y a quién asistir, en un clásico “toma y daca” que condiciona la autonomía política de los distritos.
La gira comenzó en Chubut, una provincia golpeada por incendios de enorme magnitud en localidades como El Hoyo y Epuyén, que expusieron con crudeza las prioridades del Gobierno nacional. Mientras la emergencia ambiental y social requería respuestas urgentes, la Casa Rosada buscó instalar —aunque sea de manera lateral— la discusión por una reforma laboral que beneficia a los grandes empleadores y precariza aún más a los trabajadores.
Según trascendió, el gobernador Ignacio Torres no fijó una postura cerrada sobre la reforma, aunque manifestó su acuerdo con la idea de “modernizar” la normativa laboral, una expresión que el oficialismo utiliza para justificar la flexibilización y el recorte de derechos. En paralelo, el mandatario provincial reclamó asistencia por los incendios y volvió a exigir el traspaso de fondos adeudados por la Nación a las cajas jubilatorias provinciales.
El reclamo no es menor: semanas atrás, Chubut anunció una demanda ante la Corte Suprema por fondos retenidos por el Estado nacional, que ascenderían a unos 50 mil millones de pesos. La situación refleja una tensión creciente entre un Gobierno central que promueve ajustes fiscales y reformas estructurales, y provincias cada vez más asfixiadas financieramente.
Así, mientras la emergencia social y ambiental se profundiza en distintos puntos del país, el Ejecutivo nacional prioriza blindar una reforma laboral cuestionada, utilizando la fragilidad económica de las provincias como moneda de cambio para disciplinar voluntades políticas.