Las estadísticas oficiales del Indec bajo el gobierno de Javier Milei quedaron envueltas en una creciente desconfianza. Lejos de reflejar con precisión la realidad económica y social, los principales indicadores comenzaron a mostrar un patrón inquietante: cambios metodológicos opacos, subestimación de variables sensibles y revisiones retrospectivas que terminan acomodando los números a la narrativa oficial.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó las principales mediciones del organismo y detectó inconsistencias graves en indicadores clave como salarios, pobreza, inflación y nivel de actividad. El denominador común es claro: las modificaciones no explicadas erosionan la comparabilidad histórica, reducen la credibilidad de los datos y, sobre todo, minimizan problemas estructurales que el Estado debería enfrentar en lugar de disimular.
Uno de los casos más llamativos es el del salario del empleo no registrado. Entre la asunción de Milei y mayo de 2025, el Indec muestra un aumento real acumulado del 27,2 por ciento, un comportamiento completamente desacoplado del resto de los salarios. El dato surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que desde fines de 2023 incorporó cambios metodológicos que mejoran la captación de ingresos no laborales como planes sociales, pensiones y transferencias estatales.
El problema no es la mejora técnica, sino el uso político del resultado. El Indec nunca explicó cómo estas modificaciones afectan la comparabilidad de la serie ni su impacto sobre otros indicadores. Al inflar artificialmente los ingresos de los sectores más vulnerables, se distorsiona la medición salarial y se arrastra hacia abajo el cálculo de la pobreza, construyendo una imagen estadística más amable que la que se vive en la calle.
En el caso de la inflación, la crítica apunta a una canasta de consumo desactualizada y a ponderadores que no reflejan el peso real de los gastos actuales de los hogares. Tarifas, alquileres y combustibles siguen subrepresentados, lo que deriva en una inflación oficial sistemáticamente menor a la percibida. Según CEPA, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la inflación acumulada habría sido del 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento que arroja la metodología vigente. Una brecha significativa, señalada incluso por el FMI, pero convenientemente ignorada por el Gobierno.
La medición de la pobreza replica los mismos vicios. La Canasta Básica Total se construye a partir de una relación entre gastos alimentarios y no alimentarios que subestima el peso de servicios y transporte, precisamente los rubros que más aumentaron con el ajuste tarifario. En la última medición, la Canasta Básica Alimentaria explica el 45 por ciento de la CBT, un valor atípico frente a encuestas previas y funcional a reducir artificialmente la cantidad de pobres.
A esta distorsión se suma, otra vez, el efecto de los cambios en la EPH, que incrementan los ingresos registrados en los deciles más bajos sin que exista una mejora real del poder adquisitivo. El resultado es una medición de pobreza metodológicamente inconsistente y políticamente conveniente.
Donde el maquillaje estadístico se vuelve más evidente es en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En la publicación de septiembre de 2025, el Indec aplicó revisiones inusualmente elevadas, corrigiendo hasta seis meses hacia atrás y modificando siete de los ocho valores previos de la serie desestacionalizada. El objetivo fue claro: evitar que la economía ingresara formalmente en recesión.
Mientras la industria y la construcción mostraban caídas profundas, el indicador global se sostuvo gracias a la intermediación financiera y a un peso extraordinario del rubro “Impuestos netos de subsidios”, que alcanzó niveles récord. Así, la estadística terminó avalando el corazón del modelo Milei–Caputo: destrucción de la economía real, expansión de la timba financiera y un Estado recaudador que ajusta por el lado del gasto social.