A días de que venza el plazo legal para que el Gobierno envíe al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia que reforma la Ley de Inteligencia y amplía las atribuciones de la SIDE, en la Casa Rosada crece la preocupación por un escenario cada vez más adverso. La oposición aprovechó el receso de verano para ordenar su estrategia y asegura reunir ya poco más de 120 votos en Diputados para avanzar con el rechazo del DNU, una cifra que deja al oficialismo al borde de una derrota parlamentaria.
El viernes es una fecha clave. Ese día expira el plazo para que el Jefe de Gabinete remita formalmente el decreto al Poder Legislativo. Para la oposición, la demora en el envío del texto y la falta de una convocatoria clara a sesiones extraordinarias no son casuales: responden a la necesidad del Gobierno de ganar tiempo ante la dificultad de reunir los votos necesarios para sostener el decreto y, en paralelo, blindar la reforma laboral que impulsa Patricia Bullrich en el Senado.
Según admiten en distintos bloques opositores, los contactos y negociaciones se mantuvieron activos durante enero. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para voltear el DNU y limitar al máximo la reforma laboral”, confió un senador del peronismo. En Diputados, el número que manejan ronda los 120 apoyos, a apenas nueve votos del quórum necesario para sesionar y rechazar el decreto, una decisión que luego debería ser ratificada por el Senado.
El mecanismo es claro. Una vez que el DNU ingrese al Congreso, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo —aún sin conformar— tiene diez días para emitir dictamen. Si no lo hace, ambas Cámaras quedan habilitadas para tratar el decreto directamente en el recinto, tal como establece la ley 26.122. Es ese camino el que busca activar la oposición. El antecedente alimenta el optimismo: fue el Congreso el que le hizo caer a Javier Milei el DNU que asignaba 100 mil millones de pesos extra a la SIDE, en una votación que unió al peronismo, la UCR y el PRO.
En Balcarce 50 el clima es de alerta. Un diputado de un bloque de centro interpretó la estrategia oficial con crudeza: “Cuando convocás a extraordinarias se habilitan las dos Cámaras y, con eso, el rechazo del DNU. Por eso estiran todo lo posible”. La fecha del 11 de febrero, cuando Bullrich intentará llevar la reforma laboral al recinto del Senado, aparece como el hito que el Gobierno busca proteger.
Este viernes volverá a reunirse la mesa política del oficialismo, integrada por Manuel Adorni, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos. Allí evaluarán cómo evitar que el período de sesiones extraordinarias se transforme en un revés político.
En la Cámara baja, el rechazo al DNU ya tiene un piso sólido. Entre Unión por la Patria y el Frente de Izquierda reúnen 97 votos. A ese bloque se suman los 22 diputados de Unidos y la expectativa de incorporar a Marcela Pagano, quien considera que el decreto “no resiste un solo test de constitucionalidad”. El MID aún no definió su postura.
La disputa se trasladará ahora al terreno de los gobernadores, que vuelven a aparecer como árbitros clave. La Casa Rosada necesita sus respaldos para sostener la reforma laboral; la oposición, para asegurar el rechazo del DNU. En ese juego, nombres como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) vuelven a ser decisivos, al igual que Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, con influencia sobre el bloque Innovación Federal.
Por ahora, la gira del ministro del Interior, Diego Santilli, dejó resultados limitados. El chubutense Ignacio Torres evitó confirmar su apoyo, mientras que el chaqueño Leandro Zdero condicionó cualquier respaldo a un esquema de compensaciones por el impacto fiscal de la baja de Ganancias. Las reuniones con Sergio Ziliotto y Alfredo Cornejo buscan destrabar ese frente, aunque sin garantías.
El PRO y la UCR aún no fijaron posición definitiva. En el macrismo dejaron trascender que los cambios podrían ser “positivos”, lo que anticipa un posible acompañamiento. El radicalismo, en cambio, mantiene silencio.
En paralelo, el frente judicial y la presión social suman tensión. La Justicia analiza los amparos presentados y evalúa habilitar la feria. A eso se suma el reclamo de los organismos de derechos humanos, que exigieron al Congreso el rechazo del DNU 941/2025. Advierten que la norma obliga a más de 15 organismos a compartir datos personales con la SIDE sin controles claros, habilitando un esquema de vigilancia masiva.
En el Senado, el foco está puesto tanto en el DNU como en la reforma laboral. Entre los gobernadores gana peso un argumento clave: el artículo 191, que profundiza la asfixia financiera de las provincias al reducir recursos coparticipables vía la baja de Ganancias y beneficios impositivos a los empresarios.
La CGT también se prepara para intervenir. En los próximos días activará una gira federal para presionar a los mandatarios provinciales y enviará a sus abogados al Congreso. El oficialismo, mientras tanto, enfrenta un Congreso en disputa, con números ajustados y un decreto que amenaza con convertirse en el próximo gran revés político de la gestión Milei.