El Gobierno de Javier Milei volvió a dejar claro que cumplir la ley no está entre sus prioridades. Apenas horas después de fracasar en su intento por derogar la Emergencia en Discapacidad en el Congreso, el oficialismo decidió apelar el fallo judicial que lo obligaba a aplicarla. Cuando no se puede por ley, se intenta por desgaste.
La apelación fue presentada contra el amparo colectivo que había sido aceptado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay. En su resolución de la semana pasada, el magistrado había declarado nulo e inconstitucional el artículo 2° del Decreto 681/2025, mediante el cual el Ejecutivo pretendió promulgar la ley mientras suspendía su ejecución, amparándose en la ya conocida excusa de la falta de fondos.
Charvay fue claro: suspender una ley por decreto equivale a un veto encubierto y viola la división de poderes establecida por la Constitución. También recordó algo elemental que el Gobierno parece olvidar con frecuencia: los argumentos presupuestarios no habilitan a incumplir normas sancionadas por el Congreso. Por si hiciera falta, agregó que el decreto presidencial contradice tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Nada de eso alcanzó para torcer la voluntad oficial. Lejos de acatar el fallo, la administración Milei optó por redoblar la apuesta. Ya había vetado la ley, luego intentó neutralizarla con un decreto y ahora suma la apelación judicial, completando así una trilogía de incumplimientos.
La presentación fue realizada ante la Cámara Federal de San Martín, que concedió el recurso con efecto devolutivo. Es decir, aceptó tramitar la apelación pero sin suspender la orden de aplicar la ley. La Emergencia en Discapacidad sigue vigente, aunque el Gobierno haga todo lo posible por que no se note.
La decisión vuelve a exponer el aislamiento político del oficialismo. La ley cuenta con respaldo del Congreso, de la Justicia, de organizaciones sociales, de familias de personas con discapacidad y hasta de legisladores y gobernadores aliados a La Libertad Avanza. Aun así, el Ejecutivo insiste en estirar los plazos y apostar al desgaste judicial.
El intento por derogar la norma ya había naufragado en Diputados, donde el Gobierno no logró aprobar el capítulo del Presupuesto 2026 que buscaba eliminarla. El golpe fue tan fuerte que la respuesta fue inmediata: trasladar la batalla a los tribunales para mantener congelada, de hecho, la aplicación de la ley.
El fallo de Charvay ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793 y, al tratarse de un amparo colectivo, extendió sus efectos a todas las personas con discapacidad y a los prestadores del sistema. La norma garantiza tratamientos, actualiza aranceles, subsidia transportes especiales y sostiene a instituciones que hoy funcionan al límite.
La emergencia está declarada. Lo único que sigue en discusión es si el Gobierno alguna vez decidirá cumplirla.