Pese al relato oficial y a los festejos del Gobierno, la inflación volvió a acelerarse en diciembre y cerró el año con una suba mensual del 2,8 por ciento. El dato confirmó una tendencia que ya se extiende por siete meses consecutivos y dejó al índice anual en 31,5 por ciento, una cifra elevada para una economía atravesada por una recesión profunda, con caída del consumo, del empleo y de la actividad.
Lejos de la promesa presidencial de “inflación cero”, que fue postergándose primero para 2024, luego para 2025 y más tarde para 2026, el Índice de Precios al Consumidor se mantiene desde hace cuatro meses por encima del 2 por ciento y comienza a acercarse de forma persistente al 3. Un nivel que pone en evidencia los límites del programa económico basado en el ajuste fiscal extremo, la contracción monetaria y el uso de múltiples anclas que, hasta ahora, no lograron quebrar la inercia inflacionaria.
El propio indicador oficial, además, subestima el impacto real de la suba de precios sobre los hogares. El IPC que publica el Indec continúa calculándose con una estructura de ponderaciones basada en la Encuesta Permanente de Hogares de 2004/2005, una canasta con más de veinte años de antigüedad que ya no refleja los patrones actuales de consumo ni el peso que hoy tienen los gastos esenciales, como servicios, alquileres y transporte.
Esa desactualización metodológica tiende a suavizar artificialmente el índice. No es casual que el organismo haya anunciado que a partir de enero comenzará a utilizar una nueva base construida con datos de 2017/2018, un reconocimiento implícito de que la medición vigente no logra capturar con precisión la inflación que enfrentan las familias.
El dato de diciembre también dejó en claro que el proceso de desinflación se estancó. En todo 2025, los precios subieron 31,5 por ciento, una cifra difícil de justificar en un contexto de fuerte enfriamiento de la economía. El Gobierno apostó a que la recesión, la licuación de ingresos y la liberalización de precios producirían una baja más rápida del índice, pero ese efecto parece haberse agotado.
La dinámica del último mes del año volvió a estar liderada por los servicios y los precios regulados. Mientras los bienes aumentaron 2,6 por ciento, los servicios subieron 3,4, una brecha que se repite desde hace meses y golpea de lleno a jubilados, asalariados y trabajadores informales. En términos interanuales, los servicios acumulan una suba del 43,1 por ciento, muy por encima de los bienes, que crecieron 26,5.
Por divisiones, Transporte encabezó los aumentos con un 4 por ciento mensual, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que subió 3,4. Comunicación, Restaurantes y hoteles y Bienes y servicios varios también se ubicaron por encima del promedio general. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,1 por ciento y volvieron a ser el rubro de mayor incidencia, lo que confirma el carácter regresivo de la inflación, incluso en un escenario de consumo deprimido.
Dentro de los alimentos, las mayores subas se registraron en carnes y derivados y en frutas, parcialmente compensadas por bajas en verduras. Sin embargo, esa heterogeneidad no alcanza para aliviar el impacto sobre los hogares, cuyos ingresos continúan corriendo por detrás de los precios.
El análisis por categorías refuerza el diagnóstico. Los precios regulados lideraron la suba mensual con un incremento del 3,3 por ciento, seguidos por el IPC núcleo, que avanzó 3,0. Los estacionales, en cambio, subieron apenas 0,6. La persistencia de un núcleo inflacionario elevado muestra que la inercia sigue activa, aun con una política monetaria restrictiva y tasas de interés que alcanzaron niveles muy elevados.
Para Martín Burgos, coordinador del departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación, la inflación empieza a convertirse en un problema serio para el Gobierno. “Se suponía que los precios estaban acomodados, pero la baja de retenciones y las expectativas de exportar más carne a Estados Unidos tensionaron los precios de los alimentos”, explicó. Además, advirtió que la inflación es clave para la medición de la pobreza, uno de los pocos indicadores donde el oficialismo intenta mostrar resultados positivos.
El panorama hacia adelante tampoco es alentador. Burgos anticipó que, aun con calma cambiaria, los precios podrían seguir subiendo por los nuevos aumentos de tarifas que se vienen. A eso se suma la implementación del esquema de bandas cambiarias, que habilita mayor volatilidad del tipo de cambio, y un nivel de tasas de interés que sigue siendo alto para contener presiones financieras.
La política económica queda atrapada en una disyuntiva cada vez más evidente: sostener el ajuste y las tasas elevadas para contener la inflación implica profundizar la recesión y el deterioro social; relajarlas para reactivar la economía puede derivar en un nuevo rebote inflacionario. El único logro que el Gobierno exhibía, la desaceleración de los precios, dejó de serlo. Y los datos de diciembre confirman que la inflación sigue lejos de estar bajo control.