No hay neoliberalismo sin traición. Tampoco hay futuro posible sin memoria histórica. Cada intento de presentar como “novedad” lo que ya fue destruido forma parte de una pedagogía del olvido cuidadosamente diseñada.
El golpe de Estado de 1955 no fue solo la interrupción violenta de un gobierno popular: fue un proyecto de demolición nacional con pretensión de eternidad. Bombardear Plaza de Mayo, proscribir al peronismo, encarcelar a Perón, derogar la Constitución del 49, desaparecer el cuerpo de Evita y fusilar militantes en 1956 no fueron excesos: fueron condiciones necesarias para reinstalar un modelo colonial que no toleraba la soberanía política, la justicia social ni la independencia económica.
Ese terrorismo fundacional allanó el camino para el ingreso de la Argentina al FMI y para casi veinte años de subordinación a los mercados, a Estados Unidos y a una democracia mutilada. Lo que el peronismo había logrado evitar —el sometimiento financiero como forma de dominación— se impuso con la violencia como partera del orden neoliberal.
La nacionalización de los ferrocarriles, lejos de ser un gesto simbólico, fue una de las decisiones estratégicas más profundas del siglo XX. Casi 47.000 kilómetros de vías articulaban el territorio, integraban economías regionales, abarataban costos y garantizaban soberanía logística. Al arrancarle a Inglaterra la “telaraña de acero”, el Estado recuperó no solo trenes, sino tierras, planificación y control sobre el desarrollo.
Ese pecado original no fue perdonado. Tras Yalta, Estados Unidos heredó el rol imperial británico, pero se encontró con un obstáculo inesperado: el voto popular. La revancha llegó en cuotas, con nuevos ropajes.
Arturo Frondizi asumió con votos peronistas y gobernó contra ellos. Archivó Política y petróleo, entregó beneficios extraordinarios a las multinacionales que negó a YPF, desmanteló el frigorífico Lisandro de la Torre y reprimió a la clase trabajadora con el Plan CONINTES. La traición volvió a ser el método.
En ese marco se inscribe el Plan Larkin: una intervención directa del Banco Mundial y del complejo industrial estadounidense para destruir el sistema ferroviario argentino. El objetivo era claro: reemplazar rieles por rutas, trenes por camiones, soberanía por dependencia. El resultado fue el cierre de un tercio de las vías, el despido de 70 mil ferroviarios, la chatarra como destino de locomotoras y vagones, y un país fragmentado.
No se trató de ineficiencia ni de atraso tecnológico: fue geopolítica pura. Estados Unidos necesitaba colocar su excedente industrial automotor y Argentina fue utilizada como laboratorio. El “desarrollismo” funcionó como coartada ideológica para una transferencia obscena de recursos, empleo y capacidad productiva.
En Buenos Aires, el mismo plan eliminó los tranvías: el medio de transporte más barato, masivo y ecológico. Décadas después, los herederos ideológicos de aquel desguace anuncian como innovación lo que ellos mismos destruyeron, celebrando proyectos que no hacen más que recuperar —parcialmente— lo que el neoliberalismo arrasó.
La honestidad intelectual exigiría decir la verdad: que no hay progreso sin memoria, que no hay modernidad sin soberanía, y que cada reconstrucción llega tarde y mutilada cuando antes hubo destrucción planificada.
En los talleres del Puerto de Rosario, en los años 50, se desarrolló la locomotora CM2: ciencia, técnica y proyecto nacional. Eso también fue borrado del relato oficial, porque el pasado molesta cuando demuestra que otro país fue —y sigue siendo— posible.
Como advertía Rodolfo Walsh, necesitan un pueblo sin épica, sin orgullo y sin historia. Pero la historia insiste. Y cada intento de imponer amnesia revela el miedo de quienes saben que, cuando la memoria vuelve a circular, el futuro deja de ser mercancía.