El Gobierno de Javier Milei decidió usar el Presupuesto 2026 como caballo de Troya. Bajo la excusa de ordenar las cuentas públicas, el proyecto que obtuvo dictamen de comisión incorpora un paquete de reformas que avanza sobre derechos sociales, educativos y laborales, y busca revertir por vía presupuestaria leyes que el Congreso ya sancionó y sostuvo frente a los vetos presidenciales.
A días de iniciar su tercer año de gestión, el oficialismo se encamina a aprobar su primer presupuesto con ayuda de gobernadores aliados y bloques dialoguistas. El dictamen de mayoría será tratado este miércoles en Diputados y Patricia Bullrich ya anticipó que intentará colarlo también en la sesión del viernes 26 en el Senado, donde se debatirá la reforma laboral. El mensaje es claro: ajuste fiscal, reforma laboral y disciplinamiento político, todo en un mismo movimiento.
Entre las modificaciones más graves, el proyecto incluye la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por el Congreso, vetadas por el Ejecutivo e insistidas por ambas cámaras. Ahora, el Gobierno intenta anularlas directamente desde el Presupuesto, incluso después de que la Justicia ordenara la aplicación inmediata de la emergencia en discapacidad.
El ajuste también alcanza a los sectores más vulnerables. El dictamen elimina la indexación automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, lo que implica un congelamiento de hecho y una licuación inmediata de ingresos. A esto se suma la restricción del régimen de zonas frías, que deja en manos del Poder Ejecutivo la definición discrecional de beneficios y elimina referencias explícitas a regiones incorporadas en 2021.
En paralelo, el oficialismo impulsa un “súper miércoles” legislativo. Junto con el Presupuesto, busca avanzar con la llamada ley de “Disciplina Fiscal”, un proyecto que blinda el déficit cero y pretende penalizar —incluso con sanciones— a los legisladores que voten leyes que alteren el equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, promueve un nuevo blanqueo de capitales rebautizado “inocencia fiscal”, una amnistía para los dólares fugados que contrasta con la dureza del ajuste sobre jubilados, estudiantes y personas con discapacidad.
El dictamen fue posible gracias al respaldo del PRO, la UCR, el MID y gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones. Para asegurar esos apoyos, la Casa Rosada volvió a recurrir a una vieja práctica que decía combatir: abrir la billetera. En los últimos días se giraron Aportes del Tesoro Nacional por miles de millones de pesos a provincias clave, mientras se enviaba al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares que habilita negocios mineros en zonas estratégicas de agua, especialmente beneficiosa para algunas de esas jurisdicciones.
Más allá del discurso del “orden”, el Presupuesto 2026 no contempla partidas para recomponer jubilaciones, reactivar la obra pública ni impulsar la actividad económica. Todo el esquema está orientado a blindar el equilibrio fiscal logrado a fuerza de recortes, con una sola excepción intocable: el pago de los intereses de la deuda.
Las proyecciones macroeconómicas que contiene el texto también generan dudas. El Gobierno prevé un crecimiento del 5 por ciento del PBI, una inflación del 10,1 por ciento y un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026, una cifra incluso inferior al valor actual.
La oposición denunció además maniobras de último momento. Cambios introducidos al dictamen fueron girados únicamente a los bloques aliados, lo que motivó fuertes críticas en comisión. Unión por la Patria presentará un dictamen propio para sostener las leyes vetadas y rechazar artículos clave del proyecto, como el que elimina metas mínimas de financiamiento educativo, científico y tecnológico.
La CGT también salió al cruce y llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología. Advirtió que el Presupuesto implica un vaciamiento del sistema educativo, la eliminación de fondos para escuelas técnicas y un golpe directo a la investigación y al desarrollo nacional.
Con el reloj del FMI y la Casa Blanca corriendo, el Gobierno acelera. Presupuesto y reforma laboral son las dos tareas que Milei debe entregar antes de fin de año. El método elegido vuelve a ser el mismo: ajuste rápido, negociaciones por abajo y derechos sociales convertidos en variable de ajuste.