El Gobierno de Javier Milei anunció que comienza el remate de AySA, la empresa estatal que garantiza el acceso al agua potable y al saneamiento a millones de argentinos y argentinas del AMBA. Sí, ahora hasta el agua entra en la lógica de “negocio” del mercado.
Según informó con tono triunfalista el vocero Manuel Adorni, el 90% de las acciones pasará a manos privadas, a través de una licitación nacional e internacional y una oferta pública para que “inversores” se lleven lo que antes fue derecho.
La misma agua que llegó a 3 millones de personas más durante los gobiernos populares. La que sumó cloacas para 2 millones de habitantes, la que llevó la cobertura a más del 80% en plena expansión de derechos. Esa agua, construida con esfuerzo, hoy se entrega como “activo rentable” al mejor postor.
¿El argumento? Según Adorni, “AySA necesitó aportes por 13.400 millones de dólares desde su estatización”, omitiendo que el Estado existe justamente para garantizar derechos, no para hacer caja, y mucho menos para regalar empresas saneadas ahora que dan superávit.
Sí, leíste bien: la propia gestión de la empresa —que hasta hace poco sufría tarifazos y recortes— informó que con el aumento de tarifas en 2024 se logró el superávit. ¿Y qué hizo el Gobierno? Usó ese dato para tentar a los compradores: “una gran oportunidad de inversión”, dicen. Lo mismo que pasó en los 90, cuando también hablaban de “modernización” y “calidad de servicio”… y después vinieron los nitratos, la falta de presión y el abandono.
AySA reemplazó en 2006 a Aguas Argentinas, la privatizada del menemismo que no cumplía ni con las metas básicas. Aquella experiencia terminó en rescisión, después de años de desidia y tarifazos. Pero parece que el libreto neoliberal no cambia: donde hay un derecho, ven una mercancía.
Y como si todo esto fuera poco, lo disfrazan de “participación” al decir que los trabajadores conservarán el 10% a través del Programa de Propiedad Participada. Un intento de maquillaje para una privatización a libro cerrado.
El agua no se vende. Se defiende. Y se recuerda: cuando el mercado maneja lo esencial, el pueblo paga con su salud y su dignidad.