Sin plazos, sin eufemismos y sin disimulo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar en claro que su política hacia Venezuela responde a una lógica de tutelaje imperial y saqueo de recursos. “Solo el tiempo dirá” cuánto durará la supervisión estadounidense sobre el país caribeño, afirmó, mientras adelantó que la reconstrucción será “muy rentable” y que Washington se hará con el control del petróleo venezolano.
Las declaraciones, realizadas en una entrevista con The New York Times, confirman lo que ya es evidente: la crisis venezolana funciona como pretexto para una intervención económica y política directa, donde la soberanía queda subordinada a los intereses energéticos de Estados Unidos. “Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con petróleo”, reiteró Trump, sin matices.
Las palabras del mandatario llegaron horas después de que funcionarios de su administración anunciaran un plan para que Estados Unidos asuma de manera indefinida el control de la comercialización del petróleo venezolano, en un esquema de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Congreso. Se trata de un paso más en la institucionalización del despojo, ahora con respaldo burocrático y discurso tecnocrático.
En paralelo, Trump elogió al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, al que definió como funcional a sus objetivos: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos “estará dando dinero” a Venezuela, mientras baja los precios del petróleo. Una ecuación donde la ayuda aparece condicionada a la entrega de recursos estratégicos.
En este escenario, Colombia busca reposicionarse como actor regional, ofreciendo una mediación que difícilmente escape a las presiones de Washington. La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, confirmó que el presidente Gustavo Petro invitó a Delcy Rodríguez a visitar el país para restablecer el diálogo bilateral, aunque aclaró que la mandataria venezolana aún no respondió y que cualquier reconocimiento formal depende exclusivamente de Petro.
Mientras tanto, la relación entre Bogotá y Washington se estrecha en el plano militar. Tras una conversación telefónica entre Petro y Trump, ambos gobiernos acordaron acciones conjuntas contra el ELN, una guerrilla que opera en zonas fronterizas con Venezuela. El entendimiento se produjo luego de fuertes tensiones regionales, amenazas de intervención estadounidense y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas.
Ese operativo derivó en un hecho sin precedentes: Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos para ser juzgados en Nueva York, acusados de integrar una supuesta red de narcotráfico. El proceso judicial está plagado de irregularidades: el propio Departamento de Justicia admitió la inexistencia del denominado “Cártel de los Soles”, eje central de la acusación.
Especialistas en derecho penal internacional advierten que no existen antecedentes sólidos de la captura y traslado forzado de un jefe de Estado en ejercicio para ser juzgado por un tribunal extranjero. “Es un caso extremadamente raro y peligroso desde el punto de vista jurídico y político”, explicó el abogado Sebastián Sal, recordando que en situaciones anteriores las detenciones se realizaron a través de la justicia local, no mediante secuestros directos.
Así, bajo el discurso de la legalidad, la reconstrucción y la lucha contra el crimen, Estados Unidos avanza en un rediseño autoritario del mapa político venezolano, donde el petróleo, la coerción militar y la justicia a la carta funcionan como herramientas centrales de una intervención sin máscaras.