Mientras los incendios forestales siguen avanzando en distintos puntos de la provincia de Chubut y los brigadistas continúan trabajando al límite, el gobierno nacional volvió a quedar expuesto por su inacción y por el uso político de una tragedia ambiental y social que aún está lejos de resolverse.
En ese contexto, la vicepresidenta Victoria Villarruel viajó este lunes por tierra a la Patagonia y recorrió el Parque Nacional Los Alerces y la localidad de Epuyén. La visita no incluyó reuniones institucionales con el gobernador Ignacio Torres, pero sí funcionó como un mensaje político directo hacia la Casa Rosada y, en particular, hacia el presidente Javier Milei, quien no se hizo presente en las zonas afectadas.
La ausencia presidencial contrastó con la difusión, en redes sociales, de una imagen falsa generada con inteligencia artificial en la que Milei aparece estrechando la mano de un bombero en la Patagonia. El gesto fue duramente cuestionado mientras los focos de incendio continúan activos y los trabajadores del fuego denuncian salarios que rondan los 800 mil pesos, precarización laboral y falta de recursos básicos para enfrentar la emergencia.
Lejos de reconocer la magnitud del problema, el Presidente llegó incluso a dar por “finalizados” los incendios tras una jornada de lluvias, afirmación que fue desmentida por brigadistas que siguen combatiendo el fuego cuerpo a cuerpo y advierten que la situación permanece fuera de control en varias zonas.
Villarruel, por su parte, evitó la difusión de fotos oficiales durante su recorrida, aunque trascendieron algunas imágenes. En paralelo, publicó un mensaje con fuertes definiciones políticas que no solo la enfrentan con Milei, sino también con la ministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich. La vicepresidenta propuso avanzar en una reforma del Código Penal distinta a la impulsada por Bullrich y cuestionó, de manera indirecta, la narrativa que responsabiliza a comunidades mapuches por los incendios, una hipótesis que ya fue descartada por el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer.
“Voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para quienes inician el fuego, sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología”, escribió Villarruel en su cuenta de X, al tiempo que reclamó una coordinación más eficaz entre Nación y provincias para combatir el fuego.
La vicepresidenta también apuntó contra la falta de políticas de prevención y financiamiento, recordando que el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a repararlo cuando es dañado. “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras”, sostuvo.
Según trascendió, Villarruel habría solicitado un helicóptero al Ministerio de Seguridad para sobrevolar las áreas afectadas, pedido que habría sido rechazado. Aunque la versión no fue confirmada oficialmente, el secretario de Comunicación, Javier Lanari, publicó un mensaje que fue leído como una respuesta directa: “Todas las herramientas del Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’”.
Durante su paso por la región, Villarruel tampoco se reunió con el gobernador Torres, quien sí acompañó días atrás al ministro del Interior, Diego Santilli, en recorridas por zonas incendiadas. La visita de Santilli, sin embargo, estuvo más vinculada a la búsqueda de apoyos legislativos para las reformas que el gobierno planea impulsar en febrero —laboral, penal y modificaciones a la Ley de Glaciares— que a la asignación concreta de recursos para la emergencia.
Mientras tanto, los brigadistas advierten que el reconocimiento en redes sociales no alcanza. “Tenemos reclamos urgentes: salario, estabilidad laboral y una jubilación acorde. Nuestro sueldo no llega a la canasta básica”, expresó Hernán Mondi, uno de los trabajadores que combate el fuego en la región.
En medio de internas, operaciones políticas y mensajes cruzados, el fuego sigue avanzando y quienes están en la primera línea continúan trabajando exhaustos, con recursos insuficientes y sin respuestas concretas del Estado nacional.